Tribuna
Segura estoy que usted recuerda el caso Jacinta. El caso de una mujer indígena acusada de secuestrar a 6 agentes de la AFI luego de un operativo para decomisar droga y piratería en eltianguis de Santiago Mexquititlán en Amealco de Bonfil. Jacinta fue detenida y acusada junto con otras dos mujeres también de condición indígena: Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio. Jacintalogró salir. Alberta y teresa siguen recluidas en el CERESO de Querétaro. El pasado 20 de febrero, sábado, les notificaron su sentencia a las 3 de la mañana: 21 años de prisión, 70 mil pesos de multa yotros 90 mil pesos para resarcir el daño.
Pero eso no es todo… la insistencia de las autoridades federales continua y al parecer, el ministerio público podría solicitar que la sentencia seamodificada y en vez de 21 años, Alberta y Teresa se queden hasta 40 años en el CERESO Femenil de Querétaro.
El Juez Rodolfo Pedraza Longi,fue quien dictó la sentencia y mire usted con que casualidades de lavida nos encontramos, la acusación presenta los mismos vicios que las autoridades reconocieron al liberar a Jacinta Francisco Marcial.
Según el Centro Pro Derechos Humanos, las conclusionespresentadas por el ministerio público expresan, de nueva cuenta, la reiterada intención de la PGR de mantener en prisión a ambas mujeres como represalia en contra de los comerciantes que se defendieron de losabusos de los agentes. Máxime si se considera que fueron Teresa y Alberta quienes les exigieron que se identificaron cuando empezaron a despojar violentamente de su mercancía a la gente. Para el centrode derechos humanos Miguel Agustín Pro (Centro Prodh) las conclusiones acusatorias constituyen un claro ejemplo de la inexistencia del debido proceso judicial en México así como de la ilegal yexcesiva penalización de las expresiones de protesta.
Le cuento un poco de antecedente: La mañana del 26 de marzo de 2006, los agentes de la AFI “fueron a investigar el supuesto delito contra la salud”…
